Recientemente conocíamos el caso de Alfi, una pequeña desarrolladora de software de análisis biométrico ubicada en Miami, EE. UU. La empresa colabora activamente con diversas empresas de publicidad exterior, a las que prestan sus servicios para mejorar la eficacia de sus campañas publicitarias mediante el reconocimiento facial.
Quizás el caso más reseñable sea su asociación con empresas de viajes compartidos como Uber y Lyft. En la prueba piloto realizada recientemente, algunos de sus vehículos llevaban tablets sujetas en los asientos delanteros para ofrecer contenidos publicitarios o de información a los pasajeros.
La cámara de las tablets registra las expresiones y movimientos oculares vinculados fotograma a fotograma, y Alfi les aplica sus algoritmos biométricos para detectar y analizar su comportamiento. Esto le proporciona a los anunciantes información de valor sobre qué interés despiertan sus contenidos y cuáles son los sentimientos que despiertan en la gente.
Alfi afirma que su software solo detecta rostros, estima edades y categoriza el género y el origen étnico de una persona. No vincula estas características con datos demográficos ni realiza reconocimiento facial. Tampoco almacena los datos biométricos, aunque en EE. UU. es completamente legal.
Este caso recuerda inequívocamente al de Mercadona, que recientemente ha sido multada por el sistema de reconocimiento facial instalado en una prueba piloto con algunos de sus supermercados. La gran diferencia (y clave en la sanción impuesta), es que en este caso se realizaba identificación de personas de forma individualizada. Para ello realizaba un primer filtro tecnológico y posteriormente una segunda verificación visual, contrastando la imagen con una base de datos de determinados individuos.
Mercadona lo había implantado para poder identificar a personas condenadas por robos en sus establecimientos, y con órdenes de alejamiento de sus establecimientos. También planeaba utilizarlo en casos de violencia de género sufridos por algunos de sus empleados. De forma general, las cámaras de Mercadona grababan a todos los transeúntes que se acercaban al establecimiento, realizaba el contraste con la base de datos, y eliminaba la imagen y cualquier información en “0,3 segundos”.
Mercadona ha asegurado contar con permiso judicial y haber trabajado estrechamente con las autoridades, incluida la Agencia Española de Protección de Datos, entidad que finalmente ha impuesto la sanción. El motivo principal ha sido no haber realizado con anterioridad la evaluación de impacto, sobre todo referente a los propios trabajadores y a clientes especialmente vulnerables como los menores de edad.
Como vemos, el caso del análisis biométrico de Alfi y el de la identificación facial de Mercadona son muy diferentes. En este sentido, la tecnología de la compañía norteamericana se encuentra más cerca de los fotomatones digitales o los filtros de snapchat, cosas que hoy en día ninguno dudamos en usar.
Imágenes: Alfi, Wikimedia/Carloss
